El Gobierno prepara la puesta en marcha de un mecanismo para garantizar la total seguridad del suministro eléctrico en todo momento y evitar apagones en el futuro, mediante el pago de retribuciones millonarias a las compañías energéticas que puedan garantizar inyecciones de electricidad extra cuando sea necesaria y a la gran industria u otros grandes consumidores dispuestos a reducir su consumo de luz para evitar desajustes. Unos pagos millonarios cuya cuantía se determinará por un sistema de subastas y que se cargará a todos los consumidores a través del recibo de luz.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado ahora por la vicepresidenta Sara Aagesen, lleva años defendiendo la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas planas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente.
El plan pasa por lanzar subastas para determinar cuánto pagar (el mínimo posible) a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico.
El objetivo es contar con una suerte de ‘seguro’ que evite apagones y hacerlo con un mecanismo que sea más barato para los consumidores que otras opciones. Un sistema que, a la espera de la autorización de la Comisión Europea y de toda la tramitación legal, estará activo de manera transitoria a partir de 2026 y se desplegará de manera íntegra a partir de 2030.
El proceso en marcha
Transición Ecológica ha lanzado una audiencia pública una propuesta de orden ministerial que contemplará la creación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español (las islas de Baleares y Canarias quedan fuera del mecanismo). El mecanismo propuesto apuesta por crear un un mercado en el que participen las instlaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía).
Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por recucir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistmea eléctrico. La prestación del servicio y la cuantía de los pagos se establecerá mediante un sistema de subastas de potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y por precio (medido en euros por cada MW y por año).
La participación en la subasta tiene condiciones. Sólo podrán participar instalaciones existentes generadoras de electricidad cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de los 550 gramos por kilovatio hora producido (lo que permite que entren las centrales de gas, las grandes candidatas para recibir pagos y poder así mantener su actividad), las plantas de producción aún no activas sólo podrán ser de energías renovables o sistemas de almacenamiento, y quedarán fuera las plantas que ya reciban otros tipos de retribución regulada (sean las primas a renovables del Recore, los antiguos pagos de capacidad que mantienen algunas centrales de gas o hidroeléctricas de bombeo, o los pagos para la gran industria que participa del actual sistema de respuesta activa de la demanda).
